De la misma forma, los registradores de la propiedad se quedarían con una facturación máxima que no superaría en ningún caso los 24 euros para cada operación de cancelación hipotecaria, en función de los porcentajes fijados por el Gobierno.
Sin embargo, las cifras que los notarios y los registradores de la propiedad han venido cobrando durante este pasado año 2010 en todas las operaciones de cancelación hipotecaria han sido mucho más elevadas, con una media de 260 euros en los trámites de notaría y de 144 euros en los trámites de los registros de la propiedad.
Por ello, la OCU ha solicitado al Ministerio de Justicia la paralización inmediata de este abuso que están practicando los notarios y los registradores de la propiedad, así como la devolución de las cantidades cobradas de más a los consumidores y usuarios, para amoldarse a la situación fijada por la ley de 2007.
Y es que la esencia del Decreto Ley de 2007 era precisamente el abaratamiento de los costes inherentes a las operaciones hipotecarias en cuanto a trámites de notaría y registro de la propiedad, los cuáles, vistas las facturas de notarios y registradores de la propiedad, han quedado muy lejos de abaratarse en último término para los usuarios y consumidores que han acabado por pagar lo mismo, o incluso más.
Publicado 06 de Septiembre del 2011 |