En la actualidad se viene estudiando en el Congreso de Colombia y más específicamente en el Senado, entidad encargada de legislar y aprobar las leyes en el país, la aprobación de una ley que obligue a las entidades financieras la destinación de un porcentaje de sus colocaciones o cartera de créditos, por ejemplo el 15%, al mercado de los microcréditos. Este noble objetivo de fortalecer a las empresas más pequeñas y nuevos emprendimientos, con financiaciones y recursos financieros, no puede imponerse por la ley y mucho menos intentar obligar a la Banca privada a que administre su riesgo por imposición y no por su libre convencimiento.

De todos es sabido, que normalmente el que necesita más crédito y recursos, es por lo general más riesgoso, que el que no lo necesita, porque cuenta con capital e ingresos suficientes para atender directamente sus necesidades. También es claro entender, que cada vez las economías en desarrollo fundamentan su crecimiento, en el apoyo a nuevos y pequeños empresarios que necesitan créditos de menores montos denominados microcréditos. Dos premisas como las anteriores, se pueden incentivar pero no se deben legislar para que se cumplan a la fuerza.

Se trataría de un mal intervencionismo de los estados, en las finanzas y negocios privados, y en este caso del sector bancario, quien no estaría dispuesto a arriesgar sus recursos otorgando microcréditos en forma indiscriminada, simplemente por cumplir una ley de la República. Por lo que sería mejor, que no se aprobara la ley, y en vez de ello se diseñara un sistema en el que el gobierno pueda ser garante y fiador de los microcréditos, para que las entidades financieras pudieran agilizar y aumentar los desembolsos requeridos.

Otro inconveniente que plantea esta ley de microcréditos, es la de eliminar la potestad de los Bancos de exigir las garantías que consideren necesarias para amparar los recursos prestados, ya que se quiere eliminar la exigencia de la garantía real, para que sean reemplazadas simplemente por los estudios de los planes de negocios de los emprendimientos. Lo cual también no es práctico, porque los Bancos no cuentan con la infraestructura para profundizar demasiado en cada plan de negocios que le presenten, si así lo hicieran se provocarían demoras en los estudios y desembolsos de los créditos lo cual iría en detrimento de las necesidades de los empresarios, y en el caso de incumplimiento de los clientes, los Bancos no se pueden convertir en dueños o socios de cada uno de los negocios que respaldaron las deudas, porque su función principal de intermediación financiera se desviaría por la de administrador y gestor de nuevos negocios.

Los microcréditos no se imponen por la ley, sino con campañas de convencimiento y apoyo a las partes, para que los Bancos sientan menor el riesgo de ofrecer los créditos y los negocios obtengan en forma ágil y económica los créditos que necesitan.

Publicado 02 de Agosto del 2011