El Acuerdo de Cartagena fue firmado el día 26 de mayo de 1969 por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, con el objetivo de coordinar sus políticas nacionales en materias financieras y de pagos, lo que permitiría lograr las metas del acuerdo, la más importante de ellas era el desarrollo equilibrado de las naciones signatarias del mismo y la solidaridad y cooperación financiera y social entre ellas.

El Acuerdo de Cartagena contemplaba la creación de un fondo común de reservas de los países miembros. Así fue como en 1978 quedó constituido el Fondo Andino de Reservas (FAR).

En la década de los 80 la crisis económica generalizada que sufrieron los países latinoamericanos, hizo necesario que el FAR se replanteara la necesidad de ampliar su ámbito debido a que el artículo 40º de su acta constitutiva disponía que sólo los miembros del Acuerdo de Cartagena pudieran solicitar la ayuda financiera del FAR.

De esta manera en 1988 nace el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), estableciéndose mediante una cláusula que también podían adherirse al FLAR los países miembros de la ALADÍ (Asociación Latinoamericana de Integración) que así lo desearan. Finalmente, en 1999 dicha cláusula fue eliminada pudiendo incorporarse en la actualidad al FLAR cualquier país latinoamericano que lo desee.

A pesar de los cambios estructurales que ha sufrido a lo largo de su historia, el Fondo Latinoamérica de Reservas sigue teniendo como objetivos principales: apoyar financieramente a los países miembros a través del otorgamiento de créditos y préstamos a terceros; promover la integración latinoamericana mediante la armonización de las políticas cambiarias y monetarias de los países que constituyen el FLAR.

El FLAR ofrece créditos de corto y mediano plazo a los bancos centrales de los países que constituyen dicha organización.

Brinda créditos y otorga garantías para ayudar a la balanza de pagos, con un plazo máximo de devolución de 4 años incluyendo un año de gracia.
El FLAR también otorga créditos para ayudar a los países miembros a reestructurar su deuda externa. Este tipo de créditos se otorga cuando los países tienen problemas para cumplir con las obligaciones de  sus respectivas deudas externas y tiene un plazo de devolución máximo de cuatro años.

Publicado 30 de Enero del 2011