Una ley decretada por la Junta de Representantes de la Proncia de Buenos Aires el 19 de agosto del año 1822, facultaba al Gobierno a negociar tanto en el interior como en el exterior del país, un crédito de hasta 4 millones de pesos valor real. Los recursos obtenidos a través del crédito debían emplearse para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera, la fundación de tres ciudades sobre la costa ubicada entre Buenos Aires y el pueblo de Patagones y para el abastecimiento de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.
Rivadavia constituyó un consorcio para que representara a la ciudad de Buenos Aires en la negociación del crédito, quien en 1824 contrató con la firma Baring Brothers un empréstito por un millón de libras. Existieron varias irregularidades en la contratación de este crédito, una de ellas fueron las 120.000 libras que se llevaron los miembros del consorcio en carácter de comisiónes.
Descontadas todas las irregularidades, como gastos de emisión, cuotas adelantadas y comisiones exageradas, llegaron a Buenos Aires sólo 570.000 libras del millón del crédito que fue concedido por la firma Baring. Sin embargo, Argentina había asumido su deuda por un millón de libras y por lo tanto debía pagar ese importe.
Lo más desastroso de este crédito fue que Rivadavia hipotecó todas las tierras públicas de la provincia de Buenos Aires como garantía del empréstito asumido con la firma Baring.
Lo irónico del caso fue que el fondo obtenido a través del crédito que tan nefasto resultó para la historia argentina, finalmente no se destino a la construcción del puerto de Buenos Aires ni a ninguna obra pública, sino que se dilapidó en gastos superfluos.
Publicado 28 de Enero del 2011 |