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El límite de los alquileres de las Viviendas de Protección Oficial

 
 

Mucha gente desconoce que existe una Ley sobre Arrendamientos de Viviendas de Protección Oficial en cada Comunidad Autónoma, que debería de limitar el alquiler que se cobra por una vivienda de este tipo.

Ello lleva a que en los contratos privados de alquiler se estipulen rentas de mercado, en lugar de limitarse a lo que marca la ley. Algo que le sucedió, precisamente, a un inquilino de Madrid que firmó un contrato privado por valor de 660 euros mensuales.

Sin embargo, la Ley sobre Arrendamientos de Viviendas de Protección Oficial de la Comunidad de Madrid fija en 450 euros mensuales el límite para el alquiler sobre una VPO. Al enterarse el inquilino de esta cuestión, dejó de pagar el exceso de renta, limitándose a abonar los 450 euros, en lugar de los 660 euros.

 

Entonces, el casero interpuso una demanda de desahucio, que fue aprobada por la Audiencia Provincial de Madrid. Pero el inquilino acudió el Tribunal Supremo y ahora éste le ha dado la razón.

De forma que en una sentencia de este pasado 25 de marzo, el Tribunal Supremo estipula que la renta máxima que se puede cobrar a modo de alquiler por una Vivienda de Protección Oficial es, y debe de ser, la fijada por la Ley de cada Comunidad Autónoma, y no la que figura en el contrato privado de alquiler.

De esta forma, la jurisprudencia del Tribunal Supremo declara nula esta cláusula en todos los contratos ya firmados, y prohíbe su utilización para los contratos privados de alquiler sobre Viviendas de Protección Oficial que se firmen a partir de la fecha de la sentencia.

Una sentencia que repercutirá de manera importante en gran cantidad de contratos privados de alquiler, que se rigen por la renta marcada en el contrato privado, y no por la renta limitada por la Ley de Arrendamientos sobre Viviendas de Protección Oficial de cada Comunidad.

Ahora bien, las asociaciones de consumidores instan a que se publicite esta sentencia lo más posible, para que llegue al conocimiento de la mayoría de la población, y puedan exigir su cumplimiento.

Publicado 20 de Abril del 2011

 
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