Con ello se conseguiría evitar el drama social del desahucio, aunque se mantuviera el drama económico, ya que la familia embargada podría seguir viviendo en su misma vivienda, manteniendo así el arraigo y las raíces sociales.
Las entidades financieras parecerían dispuestas a aceptar esta propuesta, ya que conseguirían un ingreso por un pasivo improductivo para ellas, a cambio de que estos alquileres estipulen una cláusula de obligada compra en caso de mejora económica.
Es decir, que en el momento en el que el núcleo familiar se encontrara con una mejoría económica, tuviera la obligación de adquirir de nuevo la vivienda, utilizando, para ello, una hipoteca con la propia entidad financiera.
En principio, parece una petición justa y equitativa, siempre y cuando se establezca de manera clara y objetiva el momento en el que se puede entender que una familia se encuentra en situación económica adecuada como para recomprar la vivienda.
En cualquier caso, y aunque todavía hay mucho camino por recorrer, se trata de un punto de partida para empezar a reflexionar y construir, entre todas las partes involucradas, directa o indirectamente, una solución ante el terrible drama de los embargos hipotecarios.
Una solución que está tardando demasiado en llegar por el inmovilismo de todas las partes afectadas por la legislación hipotecaria, que han mirado exclusivamente por sus intereses particulares.
Publicado 18 de Junio del 2011 |